Innovación social: ¿una nueva panacea?

Artículo personal publicado en Diario Responsablegoo.gl/n5FiuQ

En la tendencia de los profesionales y medios a la generación de nuevos conceptos, que nutran la dinámica actual de conocimientos e información disruptores y rápidamente asumibles, cobra creciente relevancia la innovación social, que cuenta no obstante con raíces ancladas en el tiempo.

Antes de continuar, me gustaría plantear que este frenesí conceptual no es negativo de por si, ya que permite mantener un interés que concentrar en el fondo de los conceptos, más que en la propia terminología, si bien se hace necesario estar atentos y contribuir a que el debate no se quede en la superficie, en la controversia de si se trata o no de una novedad.

Si bien existe un profuso abanico de definiciones de la innovación social, comparten una línea común, como iniciativas que generan impacto social mediante la inclusión de novedades en productos, servicios y/o procesos, que sean compatibles con la viabilidad financiera en el tiempo.

Parte de la actual relevancia se enmarca en los esfuerzos en pro de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), exponente de la Agenda 2030 desarrollada por Naciones Unidas en colaboración con empresas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en una colaboración que se precisa extender a la etapa de diseño e implementación de iniciativas. Con la innovación social se busca “mejorar la capacidades de la sociedad para actuar”, como se expone en una de las publicaciones que dan pie a este artículo[1]. Ello se da, por ejemplo, en torno a los desafíos colectivos que reflejan los ODS, como la eliminación de la pobreza y el hambre, o la lucha contra el cambio climático, entre otros. Desde Naciones Unidas se propugna que cada agente se concentre en aquello que mejor sabe hacer, y en el caso de las empresas, ello lo constituye el desarrollo de soluciones innovadoras, rentables económicamente, eficaces y eficientes en cuanto a recursos. No obstante, para aprovechar el potencial de la innovación social, se debe ir más allá y buscar la generación de cambios sistémicos, actuando proactivamente antes riesgos y oportunidades de la sociedad en los ámbitos social, económico y ambiental.

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La innovación social constituye un concepto multivariable. Existen diferentes aproximaciones al respecto, como los siguientes 5 ejes: impacto social generado, sostenibilidad económica, tipo de innovación, profundidad de la colaboración intersectorial, y grado de escalabilidad y replicabilidad1. De entre los anteriores, como aspectos críticos, destacan la sostenibilidad económica, que debe considerar tanto la fase inicial como la viabilidad en el tiempo, en el medio y largo plazo. Existe al respecto un número creciente de opciones de financiamiento, como los bonos de impacto social que están lanzando diferentes países para la obtención de recursos que canalizar después en el desarrollo e implementación de soluciones por parte de la iniciativa privada. Esto me lleva al segundo aspecto a destacar, la colaboración.

Desarrollada en el intersticio entre empresas, administraciones públicas y OSC, la innovación social ha de incorporar la contribución especializada de cada agente. He citado el potencial que aportan las empresas, al que se suman los diferenciadores de las OSC, especialmente su conocimiento de la realidad en terreno, y de las administraciones públicas, con el poder de crear marcos normativos que posibiliten y/o potencien el trabajo respecto de los desafíos de la sociedad. Cabe destacar que la OSC están cada vez más profesionalizadas, incorporando elementos de la gestión empresarial, como la medición de resultados y rendición de cuentas. Ello es además clave en el conjunto de la innovación social y uno de sus principales desafíos, con la proliferación de diferentes corrientes y técnicas, caso del Social Return On Investment (SROI). La incorporación de las OSC como proveedores de las empresas, generando cadenas híbridas de valor, o su transformación en empresas “de beneficios” (retorno social y económico) (benefit corporation, B-Corporation)[2], constituyen ejemplos de avances en dicha profesionalización.

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Entre los terrenos donde más se ha avanzado en innovación social, se encuentran los negocios en la base de la pirámide, mediante los que las empresas modifican sus productos y servicios, o generan otros nuevos, para dar respuesta a las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Lo que inicialmente ha estado focalizado en los países en desarrollo, en sectores como la alimentación, salud e higiene y educación, está cobrando actualmente relevancia también en las naciones desarrolladas[3]. Con diferencias en cuanto a los modelos de aproximación a las problemáticas sociales, en función de uno u otro espacio de actuación, comparten que la empresa pone la innovación al servicio de la resolución de desafíos sociales o ambientales, que influyen en la calidad de vida de la población actual y las expectativas para las futuras generaciones, sin dejar de lado el retorno económico. De esta manera se atienden las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés de la compañía, desde las comunidades a los inversores. Si visualizamos esto como un polígono de múltiples vértices, se avanza del centro a los extremos en los diferentes ejes a la vez, aunque con diferencias en cuanto a la distancia que se va recorriendo en cada uno de ellos.

Caminando al final de estas palabras, es importante evitar la confusión entre innovación social y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). No se trata de la evolución terminológica de un mismo concepto. A través de la RSE la empresa se hace cargo de sus impactos, mientras que con la innovación social pone al servicio del desarrollo de la sociedad sus capacidades de diseño e implementación de productos, servicios y soluciones, ampliando el alcance de sus grupos de interés. Si es cierto que no debería entenderse una sin la otra, es decir, que las compañías trabajen en ambas líneas como sustento de un desempeño coherente.

[1] Buckland, H. y Murillo, D. La innovación social en América Latina. Marco conceptual y agentes. ESADE, Instituto de Innovación Social, y FOMIN (2014).

[2] A. Vives. El cuarto sector: Empresas nacidas con responsabilidad (2012).

[3] M. López. Negocios en la base de la pirámide, ¿en países desarrollados? (2016).

 

“No es mi tema, que se ocupen otros”. El rol de las empresas respecto a los derechos humanos

Artículo personal publicado en El Economistahttps://goo.gl/6F7wdU

Históricamente las compañías han visualizado los derechos humanos como responsabilidad de los gobiernos, ajena a su desempeño. Hace años, hablar al respecto en las compañías producía caras de desconcierto, en cuanto a que formara parte de su quehacer en responsabilidad social. Independientemente del tipo de actividad de la compañía, hay un factor común a todas: las personas como empleados, más concretamente, la equidad de trato como principio esencial al momento de la incorporación y del desarrollo profesional. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos propugna en su primer artículo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Si pensamos en el desempeño al respecto en el entorno laboral, los derechos humanos ya no se sienten tan ajenos a la realidad corporativa.

Desde Naciones Unidas se promueve que el sector empresarial participe de manera activa, no sólo mediante la prevención y atención de aquellos impactos negativos que puedan generar en relación con los derechos humanos, sino contribuyendo a la generación de un movimiento que camine hacia la excelencia al respecto. El cumplimiento de la legislación debe ser el piso sobre el que se asienten compromisos más allá, que la empresa establezca parámetros de desempeño que puedan además hacer avanzar las leyes y convertir en obligatorio lo que previamente fue un desempeño voluntario nacido del compromiso con los grupos de interés.

Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos constituyen un sólido marco de referencia, que manifiesta la necesidad del trabajo conjunto de gobiernos y empresas; además, clarifica las diferentes responsabilidades: las autoridades enfocadas en proteger, las compañías en respetar y ambos en remediar los impactos de incumplimientos y malas prácticas. En el 2016 se cumplieron cinco años desde su aprobación y durante este tiempo se ha venido extendiendo lo que inicialmente era la preocupación y compromiso de algunas empresas pioneras.

Pero no se trata del único marco de referencia, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales también incluyen la responsabilidad de conocer y respetar los derechos humanos allá donde se opere. Estos lineamientos aplican a compañías con sede o actividad en los países adherentes, y, si bien el cumplimiento es voluntario, existen recomendaciones que ya forman parte de la legislación. Las empresas tienen a su disposición en cada país el Punto Nacional de Contacto, para apoyar en su aplicación así como para la realización de arbitrajes en los contenciosos por incumplimiento que no formen parte del ordenamiento jurídico.

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Retomando el tema de la equidad de trato, se ha priorizado la inclusión de la mujer y las personas con capacidades diferentes en el mundo laboral. Ese enfoque se encuentra ante el desafío de ampliar sus horizontes, hacia variables como la procedencia, la orientación sexual y las creencias religiosas, como vértices del prisma de la diversidad. El talento y las capacidades deben ser los criterios que guíen el desempeño empresarial al respecto. Pero no basta con declararlo como parte de la autorregulación interna, es necesario que las empresas lo lleven a la práctica, sensibilicen a sus equipos y contribuyan a un cambio cultural al respecto. No es posible actuar como una burbuja en un entorno donde persisten desigualdades arraigadas y tratos discriminatorios, y las compañías pueden contribuir de manera destacada a ir cambiando el entorno en el que operan. No se trata de adoctrinar sino de extender valores necesarios para la convivencia y sustentados en la igualdad de la persona, independientemente de las variables que construyen su identidad y recorrido.

Al enfoque individual de las empresas con la inclusión de la no discriminación en sus códigos de ética, capacitación de los equipos de reclutamiento y desarrollo de sistemas de denuncia, entre otras iniciativas se suman proyectos colectivos que permitan establecer sinergias. Es a través de las asociaciones sectoriales y de alianzas con las administraciones públicas que se puede potenciar el alcance. No hay que esperar que ello nazca de estas últimas, las empresas pueden dar el primer paso.

Con los derechos humanos cada vez más presentes en la realidad de las empresas, si bien destaco la equidad de trato, podríamos profundizar también en la gestión de las cadenas de suministro. Llegados a este punto, con el debate empresarial ya inclinándose en favor de la necesidad de participar de su cumplimiento, se intensificará la discusión respecto a los mecanismos de los cuales disponen las compañías para trabajar al respecto y cómo. Sin duda, un desafío por el bien común.

La ruleta de los ODS. La perspectiva de América Latina y el Caribe.

Artículo personal publicado en Diario Responsablegoo.gl/YjpIm5

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte, cada vez en mayor medida, de la comunicación de gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Pero, en el marco de este “momentum” de atención, ¿qué tanto se están integrando en las políticas y planes nacionales de las distintas administraciones públicas? ¿en las estrategias empresariales y los modelos de negocio? ¿en las iniciativas y alianzas de las organizaciones?

En América Latina y el Caribe, el escenario muestra una serie de desafíos para los que es clave la consecución de la Agenda 2030 y, por tanto, el esfuerzo de todos. Bajo el epígrafe de “tensiones”, fueron abordados en el Primer Foro monográfico de la CEPAL al respecto, celebrado a finales de abril en Ciudad de México y que, con carácter anual, se irá sucediendo en el futuro (ver cuadro). La desigualdad es el factor clave en la región, multivariable, y la solución pasa por la integración de políticas país a nivel regional, así como de las estrategias sectoriales.

Desafíos regionales para los que es clave la Agenda 2030:

– Corrección del sesgo recesivo producido por persistentes desequilibrios comerciales.

– Disminución de los altos niveles de inestabilidad e incertidumbre generados por la globalización financiera.

– Reducción de la desigualdad y recuperación del estado del bienestar.

– Prevención de conflictos migratorios y contribución a una paz sostenible.

–   Protección del planeta y del derecho de las futuras generaciones al desarrollo.

Fuente: Adaptado de las comunicaciones oficiales de la CEPAL en el Marco del primer Foro de los Países de América Latina y el caribe sobre Desarrollo Sostenible.

De las conclusiones del primer Foro quiero hacer énfasis en la necesidad de la colaboración intersectorial, a nivel de las instituciones de Naciones Unidas, entre quienes se encargan de las diferentes temáticas: medio ambiente, mujer, infancia, desarrollo rural. etc. Ello es extrapolable también a las empresas, habituadas a la colaboración gremial por sectores, existiendo una enorme oportunidad de integrar acciones conjuntas que aborden diferentes variables, por ejemplo educación e infraestructura, con cada empresa centrada en su línea de actividad.

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Asimismo, del mismo modo que se pide a los gobiernos integrar los ODS en los planes nacionales de desarrollo, es importante hacer un llamado a que las empresas hagan los propio con sus estrategias corporativas y modelos de negocio, más allá de sus estrategias de sostenibilidad, lo que no obstante puede ser el primer paso. La contribución de las empresas a la Agenda 2030 debe centrarse en el diseño e implementación de soluciones económicamente sostenibles, basadas en la provisión de productos y servicios, generadas mediante el ejercicio de la innovación considerando la contribución social, económica y ambiental.

Invito a que nos hagamos la siguiente reflexión: luego de un año y medio de puesta en marcha de esta hoja de ruta común, ¿dónde se encuentran las empresas? Ha sido un período centrado en la difusión del contenido de la Agenda 2030, en la creación de conocimiento y sensibilización al interior de las compañías y llega el momento de la acción. Los ODS no son un punto de partida, las empresas vienen contribuyendo a las temáticas incluidas. Pero en este punto, es importante evitar la ingeniería para atinarle a los 17 Objetivos, para tener algo que contar respecto de cada uno. Es importante que las empresas se centren en aquellos vinculados a sus actividades, a su sector, a manera de que se complementen los esfuerzos y se enfatice el valor agregado que puede aportar cada compañía. Del mismo modo que desde Naciones Unidas se llama a los gobiernos, empresas y ODS a hacer lo que mejor sabe cada uno, en el caso de las empresas la innovación (ver figura), cada compañía debe hacer lo propio, es decir, enfocarse en su diferencial.

¿Están preocupados los inversionistas por el desempeño no financiero?

Columna personal publicada en El Economistagoo.gl/337K1S

La atención de los inversionistas a los aspectos sociales,
ambientales y de gobierno corporativo de las compañías (ESG, por su siglas en inglés), es creciente, como refleja la serie de estudios que al respecto viene realizando EY desde el 2013. Sus resultados se unen al movimiento que están experimentando los mercados en cuanto a la transparencia en el desempeño no financiero de las empresas listadas, con índices específicos para aquellas compañías que lideran la gestión y comunicación de los temas, o incluso la exigencia a la totalidad de las emisoras de informar al respecto, en función del país.

Recién están a disposición pública los resultados del tercer estudio de la serie Tomorrow’s Investment Rules que venimos realizando desde EY, en el que han participado más de 320 inversionistas a nivel internacional. Aunque existen otros factores que propician la comunicación no financiera de las compañías, como la proliferación en regulaciones o las exigencias en las cadenas de suministro, la demanda de los inversionistas se erige en principal impulsor. Ello va de la mano del impacto financiero que tienen los aspectos ESG, que cada vez queda de manifiesto en mayor medida.

Cabe destacar que 29% de los encuestados ha reducido en el último año su participación en compañías como precaución ante el riesgo de que los activos pierdan valor, lo que se conoce como stranded assets. A esta fracción se suma otro 33% de los inversionistas, que indican van a poner énfasis en el monitoreo al respecto. Por tanto, el desempeño social, ambiental y de gobierno corporativo no es objeto de una mera consulta complementaria a la información estrictamente financiera, sino que forma parte de la toma de decisiones. Esto es significativo dada la competencia de las empresas por captar y fidelizar capital.

Respecto de cómo obtienen la información, los inversionistas manifiestan en mayor medida su uso informal frente a procesos estructurados, lo que está directamente relacionado con la brecha que existe entre sus necesidades y el modo en que las compañías están comunicando el desempeño, así como las dificultades para hacer comparativas entre empresas. En este escenario, son clave los estándares a nivel internacional, como los desarrollados por Global Reporting Initiative o el International Integrated Reporting Council.

En cuanto a la forma, al mecanismo para poner a su disposición los datos, 57% de los inversionistas señala los informes integrados como esenciales o muy útiles, ya a la altura de los tradicionales informes anuales más estrictamente financieros (63 por ciento). Se trata de un tipo de publicación destinado a los inversionistas, que aúna información financiera y no financiera, mostrando su relación con la estrategia y modelo de negocio, así como las perspectivas de la compañía. Esta tipología de informe está creciendo de manera destacada en México, buscando también como audiencia a otros grupos de interés, si bien de manera menos prioritaria, lo que constituye una de sus diferencias con los informes de sustentabilidad.

La determinación de los contenidos sobre los que informa la compañía es clave; de hecho, 60% de los participantes señaló que las empresas no reportan adecuadamente sus riesgos en aspectos ESG. Es, por tanto, fundamental hacerlos partícipes del proceso del informe.

En este momento, muchas de sus compañías se encuentran participando de la evaluación para su inclusión en reconocidos índices internacionales, como la serie del Dow Jones Sustainability Index o el recientemente anunciado para el Mercado Integrado Latinoamericano. Este tipo de iniciativa muestra la relevancia de la información no financiera tanto en el contexto global como regional, y nos invita a poner manos a la obra en términos de gestión y comunicación con respecto a nuestro desempeño social, ambiental y de gobierno corporativo.

La sostenibilidad se afianza en los mercados de valores de América Latina

Artículo personal publicado en Diario Responsablegoo.gl/VFRDLU

La incorporación de criterios de sostenibilidad por parte de los inversionistas constituye una tendencia imparable, que suma la evaluación del desempeño socioambiental y de gobierno corporativo, a los tradicionales variables de resultados y perspectivas financieras para la inversión.

En América Latina se están produciendo destacados avances, el último anunciado a inicios de marzo, sobre la creación del Índice de sostenibilidad para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que está previstos sea lanzado a finales de este año. El MILA está integrado por los mercados de valores de Chile, Colombia, México y Perú, y contará para el desarrollo de este índice con el apoyo de S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y RobecoSAM. De este modo, será posible disponer de un listado regional que integre a las empresas públicas líderes en estos temas, continuando el camino iniciado de manera específica por cada uno de los mercados participantes.

La inclusión de la sostenibilidad como criterio de evaluación para las empresas listadas fue iniciada en la región por BM&BOVESPA en 2005, con la creación del primer índice al respecto (Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE), al que siguió el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2011. Desde entonces, la trayectoria ha seguido una doble vía: la adhesión a iniciativas internacionales y la proliferación de aquellas de carácter local, con el déficit de una actuación conjunta a nivel regional. Éste es cada vez más relevante dada la proliferación y crecimiento de las llamadas multilatinas, empresas nacidas en países de la región, con fuertes procesos de expansión y presencia mundial.

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A nivel internacional, destaca la Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE), nacida en 2009 pero especialmente robusta desde 2012 con el compromiso de cinco primeros mercados, entre los que se encontraba BM&FBOVESPA, que tiene ahora como compañeros regionales a bolsas de valores de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú[1]. Promueve la adopción de prácticas en materia de comunicación sobre el desempeño ASG (ESG si consideramos las siglas en inglés), destacando en 2016, entre los participantes de la región, el lanzamiento de guía de reporte por la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile).

Si analizamos los casos en el MILA, nos encontramos la existencia de índices de sustentabilidad en Chile, el Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile), que en 2016 duplicó en su segunda versión el número de compañías hasta los 24 integrantes, como muestra del éxito de la iniciativa, y el ya mencionado IPC Sustentable en México. En Perú, la reportabilidad ha ido de la mano de la legislación y Colombia se encuentra avanzando en diferentes iniciativas.

El caso de Perú es interesante ya que muestra la relevancia de la legislación en la comunicación del desempeño corporativo. Luego de la publicación  en 2015 de una resolución por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se volvió requerimiento obligatorio la emisión  de un informe de sustentabilidad para las empresas listadas. Esto era inicialmente para aquellas que ya tenía trayectoria al respecto (abril 2016) y para abril de este año será requerido también para aquellas que se estrenan al respecto. En Chile esto es solicitado por normativa sólo para las empresas propiedad del estado, y en el resto aún no existen lineamientos. En el debate entre si regular o no respecto a la obligatoriedad de reportar en temas ASG, el principio de “report or explain”, es decir, comunique o diga por qué no lo hace, se erige en solución intermedia.

Por otra parte, las compañías de la región comienzan a abrirse paso en los índices internacionales. En el caso del Dow Jones Sustainability Index, en su más reciente actualización se incluyen 11 compañías de América Latina (Brasil, Colombia y Chile, por ese orden en cuanto a representantes), cifra que se extiende a 29 en el caso del índice para mercados emergentes, que considera adicionalmente a los del global, compañías de México y otros representantes de Brasil, Colombia y Chile. Esto es especialmente destacable en un contexto de competencia con grandes compañías desarrolladas en mercados más maduros en términos de gestión y comunicación de la sustentabilidad, como los países europeos. Da cuenta del papel de referentes que desempeñan a su vez en los mercados de origen, como impulsores de buenas prácticas entre el sector empresarial. También contamos con líderes regionales en la versión del FTSE4Good para mercados emergentes, iniciativa de la Bolsa de Londres que fue lanzada el pasado año, dando continuidad a su índice global de sostenibilidady otros regionales.

El valor de la sostenibilidad para los inversionistas es una realidad que no hace sino fortalecerse, vinculada a la gestión de riesgos de riesgos que garantiza el abordaje por las compañías de sus impactos ambientales y sociales, bajo un esquema de gobierno corporativo que garantice la toma de decisiones considerando el interés del conjunto de grupos de interés.

 

Los idus de marzo en la comunicación del desempeño corporativo

Columna personal publicada en El Economista: goo.gl/fH47zS

Dejamos atrás febrero y nos adentramos a una temporada clave para las compañías en cuanto a la relación con sus grupos de interés, especialmente en aquellas cotizadas y la atención a los inversionistas. Llega el momento de rendir cuentas del año precedente, de mostrar los éxitos y fracasos de la gestión empresarial, de hacer balance de las fortalezas mostradas y las oportunidades de mejora que han aflorado. Aunque el mundo está cada vez más conectado y vivimos la información al instante, los balances anuales siguen teniendo ese valor comparativo, ese cariz de parar y echar la vista atrás.

El desempeño corporativo ya no se manifiesta únicamente en resultados estrictamente financieros, de la mano principalmente de la gestión de riesgos toman protagonismo también las métricas en materia social y ambiental. En una comunicación que las compañías comenzaron tradicionalmente con informes de medio ambiente, desarrollo comunitario y/o seguridad ocupacional, se produjo una prima etapa de integración, dando como resultado los informes de sustentabilidad. Estos suman además otros aspectos laborales, el gobierno corporativo y el quehacer económico en relación con la distribución de los ingresos entre los grupos de interés. Pero esa fase parece estar llegando a su fin, en términos del grueso de la campaña de Gauss, pues seguirá siendo opción para quienes incursionan en la reportabilidad. Es el momento de los informes integrados, de reflejar la madurez en el entendimiento de la sustentabilidad al incluir el desempeño financiero y no financiero en un único balance, de darle una relevancia compartida, como componentes integrales en la creación de valor de la compañía.

Estos días se ultima el resultado de un proceso de meses, que no debe ser entendido como el proyecto de un área o equipo específico, sino como ejemplo de iniciativa transversal que involucre a las diferentes áreas, así como a los grupos de interés, al menos aquellos prioritarios. No se trata de una herramienta unidireccional, sino de la oportunidad de fortalecer la confianza mediante la participación activa, aprovechando la facilidad de un mayor alcance que entrega la tecnología.

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Aunque defendamos un proceso de abordaje de la sustentabilidad que comience por el levantamiento de la línea base respecto a las iniciativas que puedan existir y continúe con la definición de una estrategia e implementación de un plan de acción, no debemos perder de vista el potencial de utilizar el informe anual como detonante, de realizar el proceso a la inversa. Esto está poniéndose especialmente de manifiesto en aquellos países que han establecido obligaciones al respecto, especialmente para las empresas cotizadas. A los casos regionales en que destacan Argentina y Brasil, se suma el nuevo escenario en Europa donde parece estar zanjándose el debate entre el requerimiento obligatorio o la voluntariedad, a favor del primero.

Es importante considerar, además, el rol del informe anual como base para plantear otras comunicaciones ya más específicas por grupo de interés, no caer en la utopía de que sirve “para todos” y aprovechar su potencial como reservorio de información con la que poder transmitir adicionalmente mensajes más específicos por audiencia.

Otro tema cobrará relevancia en los próximos meses, luego de la celebración de las asambleas de accionistas, la respuesta al ¿y ahora qué? Hay que darle vida al informe, utilizarlo como detonante de nuevos espacios de diálogo, de participación en torno a las fortalezas y oportunidades de mejora en la compañía respecto a la gestión de los temas sociales, ambientales y también los económicos, rompiendo con la histórica disociación entre ellos.

No temamos a los idus de marzo.

Cadenas de suministro, ¿comprometidas?

Columna personal publicada originalmente en El Economistagoo.gl/mGfMbh

Las compañías han pecado tradicionalmente de una corta mira en cuanto a los impactos que generan sus actividades, centrándose de manera exclusiva o principal en aquéllos asociados de manera directa a la operación, dejando de lado los generados en su cadena de suministro. Estos impactos también son responsabilidad de la empresa, indirectamente relacionados con ella, debido a que su generación está asociada a los requerimientos que realizan a sus proveedores. Hacer caso omiso de ello conduce además a importantes riesgos operativos y reputacionales, por incidentes en el abastecimiento ante compañías en la cadena cuya sustentabilidad es muy discutible, que pueden enfrentar huelgas, sanciones o violaciones de los derechos humanos con graves consecuencias.

En primer lugar es esencial que la compañía tenga claro su enfoque de la sustentabilidad, cómo va a desarrollar una estrategia al respecto y que cuente con un código de ética que rija el desempeño de sus colaboradores. Sin tener ordenada la casa de uno, difícilmente se puede pedir lo mismo a los demás. A partir de ese momento, el desarrollo de un código específico para proveedores o la aplicación del corporativo son esenciales para fijar las bases de la relación, ampliables en un listado de requerimientos que puede estar enriquecido a partir de estándares internacionales y las mejores prácticas del sector. Para completar las “reglas del juego” se fija si su cumplimiento es obligatorio para el establecimiento o mantenimiento de la relación en caso de que ésta ya exista, o un variable que enriquece el posicionamiento al momento de la selección. Hay que evitar aproximaciones dogmáticas pero también “lavadas de cara”, y será lo crítico del aspecto e impacto los que finalmente sustenten la aproximación elegida.

Llegados a un marco de relación con criterios de sustentabilidad, alcanzamos el momento de las auditorías. La compañía ha de plantear una revisión del cumplimiento de las condiciones señaladas, bien de manera directa por sus equipos o través de terceros. En este último caso es importante el involucramiento activo de la compañía en la selección y seguimiento del trabajo del auditor, para evitar el incumplimiento de niveles básicos de escrutinio. Aún queda en la memoria el incidente del Rana Plaza en Bangladesh en el 2013, con más de 1,000 fallecidos por el derrumbe de un edificio que albergaba talleres textiles y había sido auditado previamente, entre otros casos de negligencia que han acontecido en los últimos años.

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Pero la aproximación a los proveedores depende del tamaño y grado de desarrollo de los mismos, no pudiendo aplicarse un enfoque común a todos. En el caso de las pymes es clave que la compañía, además de establecer el umbral de cumplimiento, apoye a las empresas para que lo alcancen, mediante la aportación de recursos técnicos que contribuyan a mejorar las condiciones de operación y el apoyo en la institucionalización de los aspectos laborales, sociales y ambientales. El desarrollo de proveedores es pieza esencial en la consecución de una cadena de suministro sustentable.

En el caso de grandes proveedores, que en muchos casos ya disponen de estrategias y programas de sustentabilidad, la aproximación ha de fundamentarse en el desarrollo de iniciativas conjuntas, la generación de sinergias que permitan ampliar el impacto positivo así como la identificación de otras oportunidades en las que seguir trabajando.

Para poder hacernos cargo de nuestros impactos como compañía debemos seguir lo alargado de nuestra sombra, identificando aquello que cubre los posibles impactos y trabajando de manera colaborativa para que la huella sea en positivo.